Mendoza también impulsa el libre acceso a la información
pública
El proyecto de Ley fue presentado esta semana por el bloque
del PRO y tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho a que
cualquier ciudadano solicite información de carácter pública. Además, propone
acciones para promover la transparencia activa desde el Estado.
Este martes se presentó en la Legislatura un
proyecto de Ley que asegure el libre acceso a la información pública
provincial, estableciendo procedimientos, derechos, obligaciones y órgano de
aplicación. La normativa pretende establecer un instrumento que garantice que
la sociedad civil demande y pueda acceder a toda información de carácter
pública. A esto se le suma un apartado que prevé la transparencia activa, donde
todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal
(planta y contratados), las escalas salariales, el listado de licitaciones y
proveedores, presupuesto asignado, etc.
La normativa elaborada por el bloque del PRO suma
valor si se tiene en cuenta que trabajó junto al Centro Latinoamericano de
Derechos Humanos (CLADH), organización no gubernamental, apartidaria y sin
fines de lucro que se involucra en temas de libertad de expresión,
independencia judicial, Estado de Derecho, derechos políticos y derechos
humanos.
“El proyecto tiene por objeto promover la
transparencia en la gestión pública provincial. En los tres niveles, tanto
nacional, provincial como municipal se puede observar una cultura del secreto
donde existen de hecho límites, a veces infranqueables, para que los ciudadanos
puedan participar y ejercer control sobre los asuntos del Estado”, describió el
diputado macrista, Pablo Priore.
“La transparencia es una herramienta esencial para el
control efectivo de los actos de gobierno y, por ende, para la lucha contra la
corrupción. Empodera al ciudadano, promoviendo su participación en el sistema
democrático. Fortalece la confianza en las instituciones de gobierno y fomenta
una mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos”, agregó Priore.
Alcances y plazos
El alcance es toda aquella constancia producida por el
Estado, en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético,
digital o en cualquier otro formato, cuya producción haya sido financiada total
o parcialmente por el erario público. Habrá excepciones expresamente
establecidas en esta ley.
Mientras que toda persona física o jurídica tiene
derecho a solicitar, consultar y recibir información completa, veraz, adecuada,
oportuna y gratuita. Si la información solicitada no existiera al momento de
efectuarse el pedido, el funcionario tendrá la obligación de producirla. En
este caso, por única vez, se podrá prorrogar por 10 días el plazo de entrega
que originalmente no debería superar los 15 días.
Consejo para
el Acceso a la Información Pública
Será autoridad de aplicación el Consejo Provincial
para el Acceso a la
Información y la Transparencia (CPAIT) que funcionará como un ente
descentralizado dentro del ámbito del Poder Legislativo de la provincia. Gozará
de autonomía funcional y normativa y de autarquía financiera. Contra sus
decisiones no habrá recurso administrativo alguno.
El CPAIT estará integrado por tres consejeros que
durarán cinco años en el cargo con posibilidad de ser reelegidos por única vez.
La presidencia será rotativa y se designará por sorteo de sus miembros. Tendrá
una duración de dos años y no podrá ser reelegido por dos periodos.
Transparencia
Un punto fuerte de la Ley es el capítulo de transparencia activa, en
donde todo organismo de la administración pública provincial deberá mantener a
disposición permanente del público, a través de sus portales web, los
siguientes antecedentes que deberán ser actualizados, al menos cada dos meses:
estructura orgánica; la planta del personal con las correspondientes
remuneraciones; contrataciones de bienes muebles, prestación de servicios,
ejecución de obras, licitaciones, estudios, asesorías y consultorías, con
indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas
principales de la sociedades o empresas prestadoras, en su caso, entre otros.
